English:
According to the World Bank, financial inclusion is defined as the access that both individuals and businesses have to a diverse range of financial products and services that are useful, attainable, and responsive to their specific needs, such as transactions, payments, savings credit, and insurance, always guaranteeing responsible and sustainable provision.
In Mexico, access to financial services is fundamental to guarantee the full exercise of human rights, since it facilitates economic and social integration, reduces inequality, and promotes personal and community development. However, only some have access to this resource; both asylum seekers and refugees face a particular vulnerability that increases their risk of exclusion. Financial inclusion extends beyond the mere availability or issuance of a credit card; it involves a comprehensive array of services designed to benefit the entire population. Although there is a regulatory framework that establishes the obligation to promote financial inclusion, its effective implementation by the government is usually insufficient, further hindering accessibility.
Consequently, this case study aims to identify the underlying factors that lead financial institutions to establish exclusionary practices, including potential cultural biases and deeply ingrained attitudes that influence the provision and accessibility of financial services. This raises the question: What would happen if entities were more understanding and eliminated their cultural barriers toward refugees and asylum seekers? How can financial institutions in Mexico adapt their practices and policies to eliminate barriers and achieve effective financial inclusion for asylum seekers and refugees?
Español:
Acorde el Banco Mundial, la inclusión financiera se define como el acceso que cuentan tanto las personas como las empresas a una gama diversa de productos y servicios financieros que sean útiles, asequibles y que respondan a sus necesidades específicas, tales como transacciones, pagos, ahorro, crédito y seguros, garantizando siempre una prestación responsable y sostenible. En México, dicho tema es fundamental para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos, puesto que facilita la integración económica y social, reduce la desigualdad y promueve el desarrollo personal y comunitario. Sin embargo, no todos cuentan con acceso a este recurso, tanto los solicitantes de asilo como las personas refugiadas enfrentan una vulnerabilidad particular que aumenta su riesgo de exclusión.
Este concepto va más allá de la simple disponibilidad o emisión de una tarjeta de crédito, englobando la oferta integral de servicios que puedan verdaderamente beneficiar a todos los sectores de la población. A pesar de que existe un marco normativo que establece la obligación de promover la inclusión financiera, su implementación efectiva por parte del gobierno suele ser insuficiente. Por esto mismo, esta investigación buscará identificar los factores subyacentes que llevan a las entidades financieras a establecer prácticas que perpetúan la exclusión,incluyendo posibles prejuicios culturales y actitudes arraigadas que afectan la disposición y la manera en que se brindan los servicios financieros.
Llegando a la interrogante sobre qué pasaría si las entidades fueran más comprensivas y eliminaran sus barreras culturales hacia las personas refugiadas y solicitantes de asilo. “Por lo tanto, ¿cómo podrían las entidades financieras adaptar sus prácticas y políticas para eliminar barreras y asegurar una verdadera inclusión financiera para los solicitantes de asilo y las personas refugiadas en México?”